Víctimas del caso Uribe alertan a la ONU y la CIDH por presiones externas a la justicia colombiana

Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas acreditadas en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez elevaron una alerta internacional sobre las presiones externas que, según denuncian, ponen en riesgo la independencia del poder judicial colombiano.

La advertencia fue enviada formalmente este miércoles a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, y a la comisionada Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras y operadoras de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La solicitud de intervención urgente se da en el contexto del fallo de primera instancia emitido el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien condenó al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en el marco de un proceso judicial que se ha prolongado por más de una década y que, según los firmantes, ha estado marcado por “una serie de ataques y señalamientos” tanto a nivel nacional como internacional.

Riesgo para la jueza y presiones tras el fallo

Los firmantes del comunicado —entre ellos los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, así como los ciudadanos Iván Cepeda y Deyanira Gómez, acreditados como víctimas— alertaron que la jueza Heredia ha sido blanco de una campaña de estigmatización tras la lectura del fallo, lo que pone en riesgo su vida, su integridad y su labor jurisdiccional.

“Se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, afirman en el comunicado.

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Las organizaciones consideran que estas declaraciones constituyen una interferencia indebida, que vulnera el principio de soberanía judicial y puede impactar negativamente el desarrollo del proceso en segunda instancia, el cual estará a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Solicitud de protección internacional

La petición enviada a los mecanismos internacionales de derechos humanos busca que se garantice la independencia de la Rama Judicial y la integridad de quienes intervienen en el proceso contra Uribe Vélez. Según el documento, los intentos de interferencia “representan una amenaza directa al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano”.

“En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a las garantías constitucionales”, subrayan los firmantes.

Además del senador Iván Cepeda y su equipo jurídico, también firman el comunicado representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), quienes han acompañado históricamente procesos de justicia en casos de alta sensibilidad política y de derechos humanos.

La comunicación enfatiza que las relatorías de la ONU y la CIDH deben actuar con urgencia para prevenir cualquier forma de presión indebida que pueda afectar el curso del juicio en segunda instancia, cuyo desenlace marcará un precedente jurídico e institucional en Colombia.