Concluye conferencia de emergencia del Grupo de la Haya: sanciones contractuales y embargos a Israel

En un hecho sin precedentes, en Bogotá se sentó un precedente diplomático diplomático que representa un giro global en defensa del derecho internacional. Durante este 15 y 16 de julio, representantes de más de 30 países se reunieron en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, para participar en la Conferencia de Emergencia sobre Palestina organizada por el Grupo de La Haya.

La cita concluyó con un anuncio importante: los estados de Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica, se comprometieron a adoptar medidas concretas para frenar lo que denominaron el genocidio en Gaza y la ocupación ilegal de Palestina.

El presidente Gustavo Petro y el ministro sudafricano Ronald Lamola lideraron el evento como copresidentes del grupo, junto a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien denunció la parálisis global frente a las masacres en Gaza. La conferencia reiteró la ilegalidad de la ocupación israelí y concretó acciones estatales bajo un principio: pasar de la condena a la acción.

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Del dictamen de la CIJ a la acción internacional

Los países firmantes sustentan su postura en la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024, la cual determinó que la ocupación israelí viola normas esenciales del derecho internacional. El fallo urgió a los Estados a no prestar ayuda a esa situación ilegal y abrió la puerta a la implementación de sanciones desde los marcos jurídicos internos.

Colombia, en calidad de copresidenta del Grupo de La Haya, acogió este llamado con un rol activo. El documento final de la conferencia enfatiza que “la inacción frente al genocidio en Gaza compromete la integridad del derecho internacional” y que los Estados tienen la obligación de no ser cómplices, por omisión, de crímenes internacionales.

Seis medidas urgentes para detener el genocidio

En coherencia con esa postura jurídica, los doce países firmantes anunciaron la adopción de seis medidas fundamentales, sujetas a sus marcos normativos internos:

1. Embargo total de armas y equipos militares a Israel, para evitar que sus industrias o puertos contribuyan a violaciones del derecho humanitario.
2. Prohibición de tránsito y servicios portuarios a buques que transporten insumos bélicos hacia Israel.
3. Impedimento de carga bélica en embarcaciones con pabellón nacional, con sanciones como el desabanderamiento.
4. Revisión urgente de contratos públicos que puedan apoyar directa o indirectamente la ocupación.
5. Impulso de investigaciones judiciales imparciales a nivel nacional e internacional sobre crímenes de guerra y lesa humanidad.
6. Aplicación de la jurisdicción universal, donde la legislación lo permita, para juzgar crímenes cometidos en los territorios ocupados.

Estas acciones buscan no solo castigar la comisión de crímenes, sino también detener cualquier forma de ayuda material o simbólica a la ocupación ilegal. Como lo expresó la declaración conjunta, se trata de una “respuesta colectiva para defender los principios fundacionales del derecho internacional”.

La voz del Sur Global frente a la impunidad

El documento fue suscrito por países el sur global. Sin embargo, fue respaldado por decenas de delegaciones observadoras, entre ellas China, Qatar, España, Irlanda y Turquía. El plazo para que otros países se adhieran al documento vence el 20 de septiembre, previo al inicio del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Durante la clausura, Francesca Albanese denunció que “el mundo está siendo testigo de un genocidio en tiempo real” y subrayó que “no actuar, cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, es una forma de complicidad”. En ese mismo sentido, el presidente Gustavo Petro reiteró la responsabilidad de los Estados con la defensa de la humanidad y el derecho internacional como pilares de la civilización.

Llamado humanitario urgente

Además de las sanciones, la conferencia también hizo un llamado al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) para que investigue de manera inmediata la situación de salud y nutrición en Gaza. El objetivo es que se diseñe un plan internacional para atender las necesidades básicas de la población palestina y se informe sobre ello en la próxima Asamblea General.

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Los Estados participantes alertaron que el bloqueo impuesto sobre la Franja ha provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Afirmaron que “el hambre ha sido utilizada como arma de guerra” y exigieron que la comunidad internacional asuma su deber de protección ante el sufrimiento colectivo.

Una ruptura con el statu quo

Con esta declaración, el Grupo de La Haya —creado en enero de 2025 como una alianza para cumplir y hacer cumplir el derecho internacional frente a la ocupación de Palestina— se consolida como una fuerza diplomática emergente. Inspirado en los movimientos que enfrentaron el apartheid en Sudáfrica, el grupo plantea que no hay neutralidad posible frente al genocidio, y que es deber de todos los Estados actuar con base en las decisiones de los tribunales internacionales.

Bogotá ha quedado registrada como el lugar donde un bloque significativo de países pasó de la protesta simbólica a la acción política concreta. Un acto de dignidad en tiempos de barbarie. Un giro del Sur Global para que la justicia internacional deje de ser solo un ideal, y empiece a ser un mandato de la comunidad de naciones.