El presidente Gustavo Petro respondió este martes a una insinuación hecha en redes sociales por la directora del diario El Colombiano, Luz María Sierra, quien sugirió un posible uso indebido de recursos públicos por parte del Gobierno para transportar personas al cabildo abierto convocado en Barranquilla.
La controversia se originó a partir de una publicación de la periodista Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, quien escribió en su cuenta de X: “¿Esto es real? El gobierno está poniendo a disposición aviones de la Policía para movilizar a sus influenciadores a su convocatoria en Barranquilla?”.
Luz María Sierra replicó el mensaje con un comentario propio:
“¡Qué tal esto! El gobierno Petro quemó todas sus naves para el evento de Barranquilla. ¿Uso de recursos públicos?”.
A esa insinuación, el presidente respondió:
“Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”.
Hermana Luz Maria Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales, traquetos, sino periodistas. A los primero no le causo a usted extrañeza, a los segundo sí https://t.co/iXILWjWHhx
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 21, 2025
Una crítica al doble estándar
Con su respuesta, el presidente cuestionó lo que ha calificado en diversas ocasiones como un doble rasero mediático frente al uso del poder estatal. Para el jefe de Estado, resulta preocupante que se intente escalar como escándalo el uso legal y documentado de medios oficiales para facilitar el cubrimiento periodístico, mientras en el pasado no se alzaban voces similares ante evidentes abusos, incluso relacionados con estructuras criminales.
La frase del presidente —dicha en tono irónico, pero con intención crítica— reabre el debate sobre el papel de ciertos sectores de la prensa frente al actual gobierno y su agenda social.
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Un evento de carácter público, institucional y abierto
El cabildo abierto en Barranquilla se realizó como parte de una serie de encuentros ciudadanos convocados por el Gobierno nacional para reactivar los canales de participación tras el archivo de la consulta popular en el Senado. La movilización fue pública, legal y ampliamente difundida, con presencia de delegaciones sociales, medios comunitarios y periodistas de diferentes regiones.
Desde el Gobierno se ha recalcado que la logística del evento contempló, como es habitual en actos de interés público, el acompañamiento institucional, incluyendo la cobertura de medios que habitualmente no tienen presencia en escenarios centrales.
No hubo pago de influenciadores ni contratación de opinadores, y hasta el momento, no existe evidencia de que se hayan destinado recursos públicos fuera de los marcos permitidos para la cobertura y acompañamiento de este tipo de actos.
La libertad de prensa también implica responsabilidad
Aunque el presidente ha reafirmado en distintos momentos su respeto a la libertad de prensa, también ha cuestionado la forma en que algunos medios formulan insinuaciones sin sustento y sin verificación. En este caso, su respuesta apuntó a evidenciar que lo que se cuestionaba no era la presencia de comunicadores, sino la narrativa que sugiere —sin prueba alguna— que informar desde un cabildo popular es un acto ilegítimo.
El debate abre nuevamente la discusión sobre la ética periodística en contextos de alta hostilidad en el terreno de la política y sobre el lugar que ocupan las redes sociales en la configuración del relato público.
