La Corte Penal Internacional (CPI) calificó como una “tentativa manifiesta” de interferencia en su independencia judicial las sanciones impuestas este jueves por Estados Unidos contra cuatro de sus magistradas, entre ellas una peruana. La institución, con sede en La Haya, reiteró su compromiso con el respaldo a su personal ante estas medidas.
Las sanciones, anunciadas por el gobierno del presidente Donald Trump, se aplican en respuesta a decisiones de la CPI como la orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las investigaciones sobre posibles crímenes cometidos por soldados estadounidenses.
Las juezas sancionadas no podrán ingresar a territorio estadounidense y sus bienes en ese país serán congelados.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión afirmando que Washington tomará “todas las medidas necesarias” para proteger su soberanía, así como la de Israel y otros aliados. Rubio acusó a la CPI de estar “politizada” y de ejercer “una discrecionalidad sin límites” para actuar contra ciudadanos de Estados Unidos y de sus socios estratégicos.
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Apoyo institucional desde La Haya
En su comunicado oficial, la CPI recordó que opera bajo el mandato de 125 Estados miembros y reiteró que estas acciones representan una amenaza directa a la integridad de un órgano judicial independiente de carácter internacional.
Dos de las juezas sancionadas, Beti Hohler, de Eslovenia, y Reine Alapini-Gansou, de Benín, estuvieron involucradas en los procesos que llevaron a la orden de detención contra Netanyahu en noviembre de 2023.
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