La Procuraduría General de la Nación ratificó la inhabilidad contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, por no haber reportado al Consejo Nacional Electoral una donación en especie realizada por la constructora Odebrecht. La sanción fue reducida de doce a ocho años por ausencia de antecedentes, e incluye una multa de 30 millones de pesos.
La donación no reportada consistió en estudios de carácter electoral y de opinión contratados con la firma Paddington Ventures, con un valor superior al millón de dólares. Estos servicios fueron asumidos por Odebrecht como parte de su apoyo no declarado a la campaña.
La decisión disciplinaria se basó en múltiples pruebas documentales y testimoniales, entre ellos el del exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien confirmó la financiación irregular y el conocimiento que tenía Prieto sobre la misma.
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“Carece de relevancia que el señor Prieto no haya participado en la celebración de dicho contrato, dado que el reproche disciplinario se centra en la omisión de reportar el aporte realizado a la campaña, obligación que le correspondía como administrador y representante de ésta”, señala la decisión de la Procuraduría.
El caso se originó por una queja presentada por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. A pesar de los argumentos de defensa de Prieto, en los que alegaba no haber estado vinculado a la contratación de los estudios, el Ministerio Público concluyó que hubo una omisión deliberada en su deber de información.
En el fallo también se citan conversaciones interceptadas por las autoridades, en las que el exgerente de la campaña reconoce el riesgo que implicaba esa donación: “Entre las conversaciones, el señor Roberto Prieto habría hecho referencia a la debilidad y el riesgo que tenía en el tema de las encuestas de Paddington, las cuales se cruzaban con las de la campaña, por lo que tenía que hacer arreglos y hablar con una gente para cubrir este tema y evitar que se le cayera toda la estantería”.
Con esta decisión, la Procuraduría sella uno de los capítulos más visibles del entramado Odebrecht en Colombia, que salpicó a altos funcionarios, partidos políticos y procesos electorales en América Latina.
