La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, respondió este martes desde las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá a la orden de captura emitida en su contra por la justicia guatemalteca, vinculada al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
"Me siento tranquila de no haber cometido ningún delito", declaró Camargo al rechazar categóricamente la decisión judicial del país centroamericano. La funcionaria destacó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no ha activado el pedido de captura a nivel internacional.
Alcance de la orden judicial
La medida judicial guatemalteca, proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, incluye cuatro delitos y también abarca al embajador y exministro colombiano Iván Velásquez. Según la teoría de la fiscalía guatemalteca, ambos funcionarios habrían participado como miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en una presunta organización criminal que favoreció a empresarios de Odebrecht.
El monto de los recursos presuntamente perdidos alcanza los 3.000 millones de quetzales, equivalentes a aproximadamente un billón y medio de pesos colombianos.
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Reacciones gubernamentales
La decisión judicial generó una fuerte oleada de reacciones tanto a nivel judicial como político. Los gobiernos de Colombia y Guatemala rechazaron conjuntamente la medida, calificándola como carente de sustento jurídico.
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo manifestó su oposición señalando que "estas medidas vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)".
Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro utilizó la red social X para criticar duramente la decisión, afirmando que "la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen y no a la ciudadanía". Petro agregó que "las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos".
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Antecedentes de la CICIG
La fiscal Camargo argumentó que se están vulnerando las garantías internacionales suscritas entre la ONU y el gobierno guatemalteco. Velásquez, por su parte, desmintió las acusaciones, recordando su trabajo como comisionado en Guatemala, donde precisamente luchó contra el crimen y la corrupción durante su permanencia en el país centroamericano.
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