La Procuraduría General de la Nación profirió fallo de primera instancia contra trece miembros del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en actividades irregulares de inteligencia desarrolladas durante el año 2019. Según el documento oficial emitido el 2 de mayo de 2025, se identificaron actuaciones que podrían haber vulnerado derechos fundamentales de civiles, al emplear técnicas de recolección de información sin control judicial.
El proceso disciplinario se inició a partir de un informe de servidor público y fue tramitado bajo el radicado IUS 2020-013169. Las conductas investigadas se relacionan con el uso de inteligencia OSINT (basada en fuentes abiertas), que habría sido aplicada sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, afectando a ciudadanos y organizaciones.
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Oficiales y suboficiales disciplinados
El fallo identifica como sujetos procesales a los siguientes uniformados:
- Mayor General Luis Felipe Montoya Sánchez
- Brigadier General Gonzalo Ernesto García Luna
- Coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes
- Coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos
- Coronel Julio Tobías López Cuadros
- Coronel Milton Eugenio Rozo Delgado
- Coronel Hugo Armando Díaz Hernández
- Mayor Mauricio Quintero Arias
- Mayor Eduardo de la Torre Díaz
- Coronel Heisen Giovan Pulido Salamanca
- Teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo
- Suboficial Harvey Alvarado Amézquita
- Cabo Primero Diego Leandro Pérez Reyes
Todos fueron individualizados como presuntos autores de faltas disciplinarias por el uso indebido de mecanismos de inteligencia para recopilar, analizar o transmitir información sobre civiles sin una justificación legítima ni autorización judicial.
Alcances del fallo y garantías procesales
El documento señala que se evidenciaron posibles violaciones a derechos fundamentales y garantías constitucionales. La conducta disciplinable se enmarca en lo que la Procuraduría califica como “posible extralimitación de funciones”, lo que implica un uso no autorizado de recursos del Estado en actividades que desbordan el marco legal de la inteligencia militar.
El fallo, aprobado en acta de Sala No. 15 y con ponencia del procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, se encuentra en etapa de primera instancia. Por lo tanto, los disciplinados conservan su derecho a apelar la decisión y ejercer los recursos establecidos en la ley.
Las denuncias vienen de 2019
Los hechos evaluados ocurrieron en 2019, una vigencia en la que distintas denuncias ciudadanas alertaron sobre actividades de vigilancia a periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y actores políticos. Las investigaciones derivadas de esas denuncias dieron paso a procesos de control disciplinario e institucional como el que ahora arroja resultados concretos.
Este fallo se suma a los esfuerzos por fortalecer el principio de legalidad en el uso de la inteligencia estatal, garantizando que este tipo de operaciones no vulneren derechos ni se empleen para perseguir o intimidar a quienes ejercen roles civiles en democracia.
