La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de preclusión que había sido presentada por la Fiscalía Octava Delegada en favor del general retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. La decisión, adoptada mediante providencia firmada el 19 de junio de 2025 por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, mantiene vigente la investigación por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.
La Corte concluyó que los argumentos de la Fiscalía eran “insuficientes” para declarar la preclusión, debido a que no logró demostrar con suficiencia la ausencia de intervención del general (r) Zapateiro en los hechos materia de indagación, como lo exige el numeral 5 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Esto significa que el alto tribunal considera que aún hay diligencias pendientes que podrían arrojar claridad sobre la posible relación entre el excomandante del Ejército y la estructura criminal conocida como el Clan del Golfo.
El origen del proceso y las pruebas no valoradas
El caso se remonta a una denuncia hecha por el abogado Miguel Ángel del Río, quien aseguró haber tenido acceso a dispositivos de almacenamiento digital pertenecientes a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del Golfo. Según la denuncia, en esos dispositivos —supuestamente recuperados por organismos de inteligencia— habría información que implicaría a altos mandos militares, entre ellos Zapateiro.
Aunque la Fiscalía argumentó durante la audiencia que no existen pruebas directas contra el general en retiro, e incluso citó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que alias ‘Otoniel’ no lo menciona en sus declaraciones voluntarias, la Corte consideró que estos elementos no son concluyentes y que se requiere agotar otras fuentes.
Entre las pruebas omitidas por la Fiscalía, el alto tribunal menciona la necesidad de intentar tomar declaración a Dairo Úsuga desde Estados Unidos —donde se encuentra privado de la libertad— así como a otros exintegrantes del Clan del Golfo que podrían aportar contexto sobre los supuestos vínculos con mandos militares en Colombia.
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Investigación sigue activa y se abre nuevo frente probatorio
La decisión judicial no implica responsabilidad penal, pero sí mantiene vigente el proceso de indagación y le impone a la Fiscalía nuevas tareas. En particular, el magistrado ponente ordenó insistir en diligencias que permitan verificar o descartar la posible relación entre el general retirado y esa organización armada, incluyendo la revisión exhaustiva del contenido de los dispositivos atribuidos a ‘Otoniel’.
Además de mantener activa la investigación, la decisión lanza un mensaje sobre la responsabilidad de la Fiscalía en la búsqueda exhaustiva de la verdad, especialmente cuando se trata de exfuncionarios de alto rango. La Corte también subraya que no basta con mencionar la inexistencia de pruebas; es necesario demostrar que todas las diligencias posibles han sido realizadas con rigor.
Contexto: poder militar y crimen organizado
La figura del general Zapateiro ha sido centro de debate nacional desde su retiro. Durante su mando como comandante del Ejército, se pronunció abiertamente contra el entonces candidato Gustavo Petro, lo que provocó cuestionamientos sobre la politización de la Fuerza Pública. La apertura de esta investigación por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales reaviva los señalamientos sobre la infiltración del crimen organizado en sectores de las fuerzas militares.
Con esta decisión, la Corte Suprema marca un precedente relevante sobre el tratamiento judicial de las denuncias que involucran a altos oficiales, reafirmando el deber institucional de agotar todas las vías antes de cerrar un caso que, por su gravedad, compromete la confianzaen el Estado y en las Fuerzas Armadas.
