La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe (BCAR) de las extintas Farc-EP por secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
Los frentes de esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte del país: en primer lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela, y, en segundo lugar, los Montes de María y La Mojana.
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Los imputados en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de la antigua guerrilla, son: Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida'; Osmany Landero, llamado en la guerrilla 'Hernando González'; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como 'Aldemar Altamiranda'; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar 'Leonardo Guerra' o 'Leonardo Muñoz'; y Uriel Oviedo, conocido como 'Manuel Ortiz' o 'Mañe'.
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Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual.
También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes en medio de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
A abril de 2025, un total de 4.213 víctimas se han acreditado para participar en el proceso del Caso 01 de la JEP. De ellas, 827 señalan al Bloque Caribe como presunto responsable de su secuestro y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. De este grupo, 432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas.
Los cinco imputados del Bloque Caribe serán notificados de esta decisión y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
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