La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-Ep por los secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
Según los informes de la JEP, los frentes de esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte del país: la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, y, en segundo lugar, los Montes de María y La Mojana.
“Fue una de las estructuras que más secuestros extorsivos cometió en retenes ilegales o ‘pescas milagrosas’. La JEP documentó que instalaron por lo menos 49 retenes en las vías del Caribe y que la mayoría de las víctimas no tenía dinero suficiente para pagar por su liberación”, explicó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, Julieta Lemaitre Ripoll.
La JEP los encontró responsables de 827 secuestros, tanto individuales como colectivos. Entre ellos, el de la exministra de Cultura María Consuelo ‘La Cacica’ Araújo y del exministro Fernando Araújo Perdomo.
Los imputados en el marco del Caso 01, que investiga los secuestros de la antigua guerrilla, son: Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida'; Osmany Landero, llamado en la guerrilla ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
“Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes en medio de los secuestros, como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial”, explicó en su intervención la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
Los imputados como máximos responsables regionales tenían mando para ejecutar los planes del Secretariado de las Farc-EP, conocer lo que ocurría en la región, e imponer disciplina a sus subalternos.
Hasta la fecha, en el Caso 01, que investiga los secuestros de la antigua guerrilla, la magistratura ha emitido cinco Autos de Determinación de Hechos y Conductas con los que ha imputado como máximos responsables a siete antiguos jefes del secretariado y a 30 mandos medios de las extintas Farc-EP.
Los exintegrantes de las Farc tienen 30 días para acogerse o no a esta imputación y decidir si aceptan o van a juicio ordinario. De acuerdo con la JEP, se exponen a una condena máxima de 20 años de cárcel.
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Se examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc-EP, así como las observaciones que realizaron 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del secretariado por secuestro.
Los imputados, de acuerdo con la JEP, fueron determinantes a la hora de materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país.
Con base en cientos de secuestros individuales y colectivos documentados en la investigación, y que fueron representativos del accionar de la antigua guerrilla en esa región, la magistratura determinó que el Bloque Caribe privó de la libertad a sus víctimas siguiendo tres patrones: para financiar su organización armada, para ejercer control social y territorial, y para promover intercambios por guerrilleros presos.
El Bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas Farc-EP que más secuestros perpetró con fines extorsivos. Es responsable del 15% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país. Privaron de la libertad en casas, fincas, en ataques a municipios, pero sobre todo en retenes ilegales o “pescas milagrosas” en las vías del Caribe colombiano. La mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar lo que pedía la antigua guerrilla, así que terminaron negociando su libertad por montos de entre uno y cinco millones de pesos.
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La sala encontró además que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero, por ser uno de los más representativos de la región. Este gremio fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los consideraba “aliados del paramilitarismo”, sobre todo cuando se negaban a pagar las extorsiones. Como resultado, muchos de ellos fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, robo de ganado y desapariciones forzadas.
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