La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha ordenado a la comercializadora de gas Alcanos comenzar un proceso de devolución de dinero a los usuarios afectados por los incrementos injustificados en las facturas de gas natural. Esta medida surge después de que los hogares colombianos experimentaran un alza de hasta el 51% en sus recibos de gas a principios de año, producto de la escasez del hidrocarburo en el país.
Según las empresas proveedoras, la escasez de gas en las reservas nacionales obligó a recurrir a importaciones para satisfacer la demanda, lo que provocó los elevados aumentos en los precios. Sin embargo, el Gobierno y Superservicios consideran que estos incrementos no están justificados.
La Superintendencia, en un claro llamado a las comercializadoras, ordenó que se comenzaran a realizar devoluciones a los usuarios afectados por los cobros excesivos.
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Tras varias reuniones con las autoridades, Alcanos ha iniciado el proceso de compensación, que beneficiará a más de un millón de hogares en diversas regiones del país, entre ellas Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima. Las devoluciones retroactivas alcanzarán desde enero de 2023, y los usuarios verán reflejadas las compensaciones en las facturas a partir del 16 de junio.
El presidente de la República también se pronunció sobre el tema, dirigiéndose a Vanti, otra comercializadora de gas, y haciendo un llamado claro: "Estoy esperando a Vanti. Con el gas no se especula en contra de la gente", señaló, dejando en claro la postura del Gobierno frente a la especulación en los precios del gas.
La empresa Alcanos empieza la devolución del sobrecobro de tarifas de gas a sus usuarios. Estoy esperando a Avanti. Con el gas no se especula en contra de la gente. https://t.co/0adWV7kiPb
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2025
El caso ha puesto de manifiesto una serie de desafíos estructurales en el sector energético, así como las tensiones entre las autoridades y las empresas prestadoras del servicio. A pesar de las dificultades del mercado, el Gobierno ha sido enfático en su compromiso de proteger los intereses de los consumidores.
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