El presidente alzó la voz este domingo sobre el reciente ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en territorio iraní, cuestionando abiertamente su legalidad. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario planteó una inquietante interrogante:
“¿Es legal bombardear instalaciones nucleares, sin permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin cambiar el Tratado de No Proliferación Nuclear y sin el Congreso de los EE.UU.?”
La declaración reaviva un debate jurídico y ético en torno al uso de la fuerza en el escenario internacional, y pone bajo la lupa la acción militar estadounidense desde la óptica del derecho internacional.
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Fundamentos jurídicos
Expertos en derecho internacional, como el jurista Correa De Lugo, han argumentado que el ataque viola varios principios fundamentales. A continuación se exponen las principales tesis jurídicas que sustentan esta visión:
Violación de la Carta de las Naciones Unidas: Según el artículo 2.4 de dicha carta, el uso de la fuerza entre Estados está prohibido salvo en caso de legítima defensa o cuando exista una autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguno de estos supuestos se cumple en el presente caso.
Crimen de agresión según el Estatuto de Roma: Al no mediar legítima defensa ni autorización internacional, el ataque podría encuadrarse como un crimen de agresión, una de las más graves violaciones contempladas en el derecho penal internacional.
Prohibición de ataques a instalaciones nucleares: El derecho internacional humanitario establece el principio de distinción entre objetivos militares y bienes civiles. Las instalaciones nucleares, aun si fueran sospechosas, no pueden ser atacadas bajo ninguna circunstancia, dada la posibilidad de catástrofes humanitarias.
Falta de autorización del Congreso estadounidense: Conforme a la legislación interna de EE.UU., cualquier acción militar de esta magnitud requiere aprobación del Congreso, lo cual no ocurrió, lo que sugiere una posible violación del propio marco constitucional estadounidense.
Ausencia de pruebas de un programa nuclear militar: Las principales agencias de inteligencia de EE.UU., junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), han señalado que no existe evidencia concluyente de que Irán esté desarrollando armas nucleares.
Derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear: Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el cual, en su artículo 4, garantiza el derecho de los Estados parte a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos.
Obligación de hacer cumplir el derecho internacional: Los Estados tienen no solo la responsabilidad de respetar el derecho internacional, sino también de promover su cumplimiento. El uso unilateral de la fuerza mina ese principio.
Implicaciones internacionales
El ataque podría escalar las tensiones en Medio Oriente y debilitar aún más el multilateralismo en un escenario global ya frágil. Además, si se confirma que la operación no tuvo aval legal alguno, podría sentar un peligroso precedente en la arquitectura jurídica internacional.
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La comunidad internacional observa con preocupación. Organismos multilaterales y varios gobiernos han comenzado a pedir explicaciones formales a Washington.
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