Fiscalía solicita prescripción parcial en proceso contra el ministro Sanguino

Fiscalía solicita prescripción parcial en proceso contra el ministro Sanguino

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Uno de los dos hechos por los que es investigado el actual jefe de la cartera laboral estaría fuera del alcance de la acción penal, según la Fiscalía y la Procuraduría.

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia la preclusión parcial del proceso que se adelanta contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación en el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá. La solicitud se refiere específicamente a uno de los dos eventos por los que fue llamado a juicio, el cual habría ocurrido en 2008.

Según el ente investigador, el delito de tráfico de influencias por el que se señala a Sanguino en ese primer evento ya estaría prescrito. La conducta en cuestión habría consistido en que Sanguino, entonces concejal de Bogotá, intercedió ante el fallecido alcalde Samuel Moreno y el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, para que se nombrara a Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme.

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La Fiscalía argumentó que si estos hechos ocurrieron en 2008 y se considera que la pena máxima por tráfico de influencias es de 16 años, el plazo legal para la acción penal se habría agotado en 2024. 

La Procuraduría y la defensa de Sanguino respaldaron esta postura, lo que deja en manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema la decisión final sobre la preclusión parcial.

Sin embargo, el proceso contra Sanguino no se cierra del todo. El segundo episodio, que data de 2009, continúa vigente. En este, el ministro es acusado de haber influido en la adjudicación de un contrato para la construcción de una nueva sede del hospital al contratista Héctor Julio Gómez, a cambio de una presunta coima del 10 %. 

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Si bien la Fiscalía no pidió la preclusión de este hecho, sí cuestionó la calificación jurídica inicial del delito, sugiriendo que podría tratarse no solo de tráfico de influencias, sino de un posible concurso de delitos como interés indebido en la celebración de contratos o incluso cohecho.

Por ahora, los magistrados suspendieron la audiencia en curso y anunciaron que analizarán la solicitud de prescripción. En los próximos días se fijará una nueva fecha para dar a conocer la decisión de la Corte sobre el primer evento.


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