Un acuerdo laboral entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales del sector público terminó, una vez más, beneficiando directamente a los miembros del Congreso. Con la firma del acta final del acuerdo estatal, el pasado 30 de abril, se definió un aumento salarial del 7% para los servidores públicos. Este ajuste impactará automáticamente los ingresos de senadores y representantes a la Cámara, quienes verán su salario mensual pasar de 48 a más de 52 millones de pesos.
El incremento, que asciende a $3.360.000 adicionales por mes, se aplica conforme a las reglas establecidas para los altos funcionarios del Estado, cuyo salario se calcula con base en el promedio del aumento otorgado a los demás empleados del Gobierno Central. Se trata de una aplicación automática, sin necesidad de votación o trámite adicional, debido a la normatividad vigente que rige el sistema salarial del Estado.
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No es culpa del sindicato, pero el Congreso se beneficia
El aumento salarial de los congresistas no hace parte del acuerdo como un punto negociado. Es una consecuencia derivada de la estructura salarial estatal, en la que cualquier mejora acordada para el grueso de los trabajadores también se refleja, por norma, en los salarios más altos.
En otras palabras, mientras el objetivo del Gobierno y los sindicatos fue mejorar las condiciones de trabajadores públicos que enfrentan dificultades económicas, el marco legal vigente extiende esos mismos incrementos a quienes ya reciben las asignaciones más altas del en la administración pública, sin distinción ni filtros. Así ocurre con los congresistas, que no participaron en la negociación, pero recibirán igualmente el ajuste.
Reacciones marcadas por la indignación
Las cifras no pasaron desapercibidas. El exsenador Gustavo Bolívar fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales: “En $3.360.000 se incrementó salario a congresistas que se oponen a horas extras de trabajadores más pobres. Su sueldo quedó en $52 millones (37 salarios mínimos), una de las brechas más altas del mundo”, escribió en su cuenta de X.
También se sumaron voces críticas desde entidades del propio Estado. La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, comentó que el incremento es “un chiste que se cuenta solo”, haciendo referencia a las recurrentes discusiones sobre la desconexión entre la realidad económica del país y los ingresos de la clase política.
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Proyectos de ley para recortar sus salarios, estancados
Pese a que en la opinión pública persiste el reclamo por reducir el salario de los congresistas, los proyectos de ley que buscan limitarlo continúan sin avanzar. Una de las iniciativas, promovida por el senador Iván Cepeda, propone fijar un tope de 20 salarios mínimos para quienes integren el Congreso, lo que equivaldría a un ingreso mensual de aproximadamente $28 millones. Sin embargo, según el propio Cepeda, la propuesta permanece “engavetada” en el Senado.
La falta de voluntad política para tramitar estas iniciativas contrasta con la agilidad con la que se actualizan los ingresos parlamentarios. Mientras el Congreso recibe automáticamente cada año los ajustes definidos por acuerdos laborales del Ejecutivo, los debates sobre la moderación de sus ingresos siguen aplazándose indefinidamente. De la misma manera como una mayoría opositora al Gobierno ha aplazado y atacado las reformas sociales.
Un ajuste legal que beneficia a los que no lo necesitan
El aumento salarial de los congresistas se da en el marco de un proceso legítimo, producto de la negociación colectiva entre el Gobierno y los trabajadores estatales. Sin embargo, la forma como está estructurado el sistema de remuneración pública genera —cada año— una situación que reaviva el malestar ciudadano: los representantes de la rama legislativa reciben incrementos automáticos sin que medie discusión ni justificación.
En un país donde el salario mínimo legal es de $1.300.000, los más de $52 millones que recibirán desde este año senadores y representantes equivalen a casi 37 veces ese monto, sin contar bonificaciones, viáticos, tiquetes aéreos y demás beneficios especiales. La brecha continúa creciendo.
Para algunos sectores, esta situación refuerza la urgencia de una reforma estructural que desconecte los beneficios de la clase política de los aumentos pensados para los trabajadores públicos de base, sin deslegitimar las conquistas sindicales, pero evitando que el Congreso mantenga privilegios en silencio.
