Durante años, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, fue uno de los nombres más temidos en las regiones donde el Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) impuso su ley a sangre y fuego. Ahora, un tribunal especializado de Bucaramanga lo ha condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en 141 hechos criminales, como parte de una sentencia anticipada proferida por la justicia ordinaria.
Recientemente, la JEP rechazó el ingreso de alias 'Macaco' a su jurisdicción. / AFP.
Alias Macaco, quien estuvo extraditado en Estados Unidos y fue uno de los principales cabecillas paramilitares beneficiarios del proceso de Justicia y Paz, enfrenta esta vez una condena que incluye delitos atroces como homicidio agravado, desaparición forzada, violencia sexual contra mujeres, tortura y desplazamiento forzado de población civil. El juez también le impuso una multa equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, negó la prisión domiciliaria y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.
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Un patrón sistemático de terror
La investigación de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró acreditar que Macaco no solo tenía conocimiento de los crímenes cometidos por su estructura, sino que fue el autor intelectual de muchos de ellos. El Bloque Central Bolívar actuó como una maquinaria criminal dirigida desde las altas esferas del paramilitarismo, extendiendo su accionar en al menos ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander.
237 víctimas acreditadas soportan esta condena, en la que se encuentran casos de ejecuciones selectivas contra concejales, periodistas, investigadores judiciales y líderes sociales, así como masacres y delitos de violencia de género usados como instrumento de sometimiento de la población civil y represión.
Crímenes ejemplares que conmocionaron al país
La lista de atrocidades por las que Macaco fue sentenciado incluye el asesinato del concejal de Barrancabermeja, Héctor Mantilla Rodríguez, el 11 de agosto del 2000; el homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria en Tumaco (2001); y el del comunicador Eduardo Estrada Gutiérrez, en San Pablo, Sur de Bolívar, también en 2001. A esto se suma el asesinato del investigador del CTI Orlando Torres Losada, en Florencia, Caquetá (2002), y de los militantes de la Unión Patriótica Arsenio y Oleider Paloma Viuche, en La Montañita.
También se reconoció la responsabilidad del paramilitar en el desplazamiento forzado de los campesinos de la hacienda Las Pavas, hecho registrado en 2003 en el corregimiento Buenos Aires, municipio El Peñón (sur de Bolívar), y emblemático por la resistencia de sus víctimas y una larga historia de poseedores del mundo criminal, como los hermanos Castaño de la AUC y Jesús Emilio Escobar Fernández, narcotraficante conocido como alias 'Ñoño'.
Violencia sexual como arma de guerra
Alias Macaco también admitió crímenes de violencia sexual, mostrando cómo el uso de la violencia de género fue parte del repertorio sistemático de terror. En San Martín de Loba, Bolívar, en el año 2000, se registró un caso de acceso carnal violento, secuestro y desplazamiento forzado de una mujer.
También fue sentenciado por el asesinato de cuatro hermanas —Yenny Patricia, Mónica Liliana, Nelsy Milena y María Nelly Galárraga Meneses— en Putumayo, en 2001; y por el abuso sexual a una joven en Barrancabermeja en julio de 2002. Otro de los crímenes aceptados fue la tortura y violación de una mujer en San Pablo, Bolívar, en noviembre de 2004.
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Un regreso a la justicia ordinaria
Tras su extradición a Estados Unidos en 2008, Macaco regresó a Colombia en 2019 para seguir vinculado al proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, esta condena corresponde a un nuevo proceso penal ordinario, independiente de los compromisos asumidos en esa jurisdicción. La justicia ordinaria determinó que su rol como comandante del Bloque Central Bolívar lo hacía directamente responsable de los crímenes sistemáticos cometidos por su estructura.
El caso se inscribe en un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para no permitir la impunidad de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Las autodefensas asesinaron, desaparecieron y desplazaron a quienes se oponían a su actuar delictivo y los tribunales de paz, a los ojos de las víctimas, han sido insuficientes para garantizar la verdad y la justicia.
Con esta sentencia, el país vuelve a mirar de frente una de sus páginas más oscuras: el uso de la violencia como método de poder, y el silenciamiento brutal de voces que se levantaron en contra de la barbarie y la violación de derechos humanos. La memoria de las víctimas, muchas de ellas aún sin justicia plena, se mantiene como faro frente al negacionismo y la impunidad.
