“Primero muerto que volver a ser esclavizado o colonizado”: el presidente Gustavo Petro responde al abogado del grupo Keralty

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones de Juan David Riveros, apoderado del grupo Keralty, tras la entrevista concedida al diario El Tiempo en la que el abogado sugiere posibles acciones si la justicia ordena rectificar al jefe de Estado y este no acata la decisión. Keralty es propietario de la EPS Sanitas, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, y ha emprendido una ofensiva judicial contra el mandatario, incluyendo una demanda por 1.200 millones de dólares ante el CIADI.

“A mí no me amenaza un extranjero”, publicó el presidente en su cuenta de X. “Usaré todos los medios que me da la ley y el derecho internacional para que, en Colombia, capitales extranjeros no amenacen la salud de los colombianos, la Patria y la persona del presidente de la República”, añadió. En el mismo mensaje, el jefe de Estado advirtió: “Quienes evaden nuestra ley y rompen la cláusula de no comerciar con regímenes genocidas recibirán nuestra respuesta legal. Primero muerto que volver a ser esclavizado o colonizado. Nosotros no nos arrodillamos”.

A mi no me amenaza un extranjero. 

Usaré todos los medios que me da la ley y el derecho internacional para que, en Colombia, capitales extranjeros no amenacen la salud de los colombianos, la Patria y la persona del presidente de la República.

Quienes evaden nuestra ley y rompen… https://t.co/uT8luqB6Iv

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2025

Keralty interpone demandas y advierte medidas adicionales

En su entrevista con el periódico El Tiempo, el abogado de Keralty hizo mención de las declaraciones del presidente contra el empresario español Joseba Grajales, presidente del grupo, a quien el mandatario calificó en su alocución del 15 de julio como “criminal y cómplice de delitos de lesa humanidad”. Riveros anunció una tutela para, según él, proteger los derechos de su representado y amenazó con llevar el caso ante instancias internacionales.

Sobre una eventual orden judicial de rectificación, el abogado declaró: “Si ordenan que el Presidente rectifique y no rectifica, veremos qué camino tenemos”. El presidente respondió directamente a esa afirmación, sin ambigüedades, reafirmando que no permitirá que intereses privados extranjeros condicionen decisiones soberanas del Estado colombiano.

Reforma a la salud y control público del sistema

La confrontación se inscribe en el contexto de la reforma estructural al sistema de salud impulsada por el Gobierno, que ha tenido entre sus ejes centrales el fortalecimiento de la red pública y la intervención de EPS que, según informes oficiales, incurrieron en manejos financieros irregulares o fallas graves en la prestación del servicio. En el caso de Sanitas, la Supersalud documentó incumplimientos en el pago a prestadores, desvío de recursos y deterioro en la atención.

El presidente ha reiterado que su gobierno no permitirá que se sigan desviando dineros públicos destinados a la salud hacia fines distintos al bienestar de los pacientes. La intervención a Sanitas, en palabras del propio mandatario, responde a la necesidad de proteger la vida y la integridad de millones de usuarios.

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Durante su alocución del 15 de julio, el presidente señaló: “Joseba Grajales es cómplice de delitos de lesa humanidad”, y acusó al grupo de financiar partidos políticos para frenar la reforma. En la entrevista, Riveros reconoció aportes por 145 millones de pesos a siete colectividades en las elecciones de 2022, incluyendo Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Liberal, entre otros. Afirmó que se trató de donaciones legales “para el fortalecimiento de la democracia”.

Defensa del interés público frente a presiones empresariales

La posición del Gobierno frente a Keralty se ha centrado en el argumento de que la salud es un derecho fundamental, no un negocio. La intervención de Sanitas y el impulso a la reforma han generado reacciones en sectores empresariales que administraron por años recursos públicos del sistema. La defensa del Estado, ha dicho el presidente, se basa en principios de legalidad, soberanía y justicia social.

Aunque Keralty ha insistido en que no abandonará el país y que confía en las instituciones colombianas, su ofensiva legal en tribunales ha sido interpretada como parte de una estrategia de presión sobre el Gobierno. El presidente ha reiterado que todas las acciones estatales han sido legítimas, conforme a la ley, y orientadas a garantizar el derecho a la salud.

Con esta nueva declaración, el presidente Gustavo Petro refuerza su postura frente a los actores privados que, según ha denunciado, han obstaculizado el acceso a la salud de millones de personas mediante un modelo basado en la intermediación financiera. La confrontación entre el Ejecutivo y Keralty seguirá desarrollándose en escenarios jurídicos, mientras el Gobierno mantiene firme su compromiso con una reforma que garantice atención universal, pública y digna.